Con túnel y sin agua
Jorge Mejía Martínez
La improvisación en la ejecución de recursos públicos es una falta grave. Están en juego los dineros del Estado provenientes de las contribuciones de todos los ciudadanos. En Bogotá el tema está que arde con sindicados y detenidos de alto nivel.
La historia se repite en Antioquia con el proyecto túnel del oriente, por parte del gobernador actual. Una obra de casi un billón de pesos se viabilizó financieramente en la Asamblea departamental a pupitrazo limpio en diciembre de 2010, para ser adjudicada a los mismos concesionarios de la doble calzada a las Palmas, quienes el 26 de enero de 2009 habían sido fustigados por Luis Alfredo Ramos por que “en la construcción de la Doble Calzada de Las Palmas hubo improvisación, diseños mal elaborados, que era un fracaso de la Ingeniería” y advirtió que sobre las dificultades de esta vía tendrá que responder la firma Concesionario vial del Oriente. (Leer declaraciones completas en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=753096) como lo denunció el diputado Jorge Gómez.
El viacrucis del túnel viene desde hace rato. Pocos días antes de terminar su mandato como gobernador de Antioquia en 1997, Álvaro Uribe adjudicó a la Concesión Túnel Aburra Oriente S.A., la misma de ahora, la licitación para diseñar, construir y operar el túnel. El gobernador siguiente, Guillermo Gaviria, se opuso a la obra por falta de recursos y posteriormente Aníbal Gaviria consideró inconveniente el proyecto por carecer de estudios técnicos y ambientales. La historia siguiente les dio la razón a los Gaviria. Aníbal prefirió acercar la subregión del oriente ampliando a doble calzada la vía de las Palmas.
El proyecto ha suscitado dos argumentos en contra: la inconveniencia ligada a la improvisación y el nocivo impacto ambiental. No entendemos que se destinen cuantiosos recursos en un túnel que sólo ahorrará menos de 20 minutos para llegar al aeropuerto de Rionegro, al cual hoy se puede acceder por cuatro vías distintas, mientras una región fundamental para Antioquia y el país como Uraba depende de una sola vía por el occidente con características deplorables.
Las dudas sobre el impacto ambiental negativo de la obra no se han despejado. La suerte de las aguas que nacen y cruzan la zona de Santa Elena está en entredicho. 14.000 pobladores se pueden quedar sin sus fuentes hídricas, como lo reconoció la firma Integral S.A. en un estudio de 2009, a pesar de hacer parte con otras 51 firmas del Consorcio beneficiado.
La licencia ambiental, inicialmente, la otorgó Cornare. Luego, en 2003, el Tribunal administrativo de Antioquia derogó dicha resolución por la precariedad de la argumentación ambiental del concesionario, quien apeló ante el Consejo de Estado, donde el magistrado Marco Antonio Velilla tiró al piso las expectativas de la comunidad. El argumento para desatender la postura del Tribunal Administrativo de Antioquia, fue totalmente baladí: faltó una notificación escrita al concesionario. La cual se “extravió” misteriosamente. Por ello se anuncia para esta semana la presentación de una demanda por fraude procesal dado que en el Tribunal se “embolató” una prueba, además de otras acciones legales.
Finalmente, según el estudio de tráfico para justificar el túnel, se requiere que por el mismo circulen al menos 13.000 vehículos. Hoy, 2011, por el peaje de Las Palmas circulan 11.000. Si el flujo no se cumple, como es muy posible, la gobernación tendrá que compensar. O lo que es lo mismo: nosotros, los contribuyentes.
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