Veeduría Túnel de Oriente - 2 de diciembre de 2011
Ante la iniciación inminente de la perforación del túnel de Oriente, y cumpliendo con nuestra función como Veeduría Ciudadana, estamos informando sobre el estado de algunos procesos en contra del proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente:
1. Desde el pasado 21 de Octubre, la Procuraduría General de la República le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que asuma la competencia en el caso del Túnel de Oriente, por considerar que se puede estar adelantando un gran proyecto de infraestructura con fuertes impactos ambientales y sociales sin la correspondiente expedición del acto administrativo que de respuesta a dichos impactos y dado que existen serios reparos ante la Licencia Ambiental 1764 otorgada en el 2002 por Cornare.
2. Desde el 7 de Octubre de 2011 mediante Auto No. 001168 emitido por la Contraloría General de la República, el proyecto se encuentra bajo control excepcional en su gestión contractual, ambiental y financiera, dado que entre otros aspectos la Contraloría Departamental no presenta reales condiciones de imparcialidad e independencia para el control fiscal del proyecto y el mismo viene violando principios constitucionales de economía, buena fe, igualdad, moralidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, celeridad, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
3. El proyecto se encuentra en procesos judiciales por múltiples acciones jurídicas tales como las que se enunciarán brevemente más adelante.
1. Desde el pasado 21 de Octubre la Procuraduría General de la República le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que asuma la competencia en el caso del Túnel de Oriente.
Para ilustrar el estado del proceso en este sentido, ponemos a su disposición más adelante la transcripción textual del Boletín 1062 de la Procuraduría General de la República, el cual presenta la posición oficial actual de dicha entidad de vigilancia y control tal como aparece en su portal de Internet el 2 de diciembre de 2011 (www.procuraduria.gov.co/
"Boletín 1062
Fuente: PGN
Fecha Publicación: viernes, 21 octubre 2011 08:10 AM
En relación con el curso del proyecto Conexión Vial Aburrá – Oriente, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considerar la posibilidad de ejercer la facultad legal que le permite “ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las corporaciones autónomas regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo (…) y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar”.
En comunicación remitida al ministro Frank Pearl, el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, señaló que con base en la información conocida por el equipo técnico y jurídico de la Procuraduría, se considera que existe la posibilidad de estarse adelantando un gran proyecto de infraestructura con fuertes impactos ambientales y sociales, sin la correspondiente expedición del acto administrativo de carácter ambiental que dé respuesta a dichos impactos, teniendo en cuenta, además, la dimensión y magnitud del proyecto.
Adicionalmente, el procurador delegado manifestó que este Organismo de Control considera que existen serios reparos con relación al acto administrativo surtido en el 2002 por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro - Nare (Cornare), para autorizar desde el punto de vista ambiental la ejecución de la obra.
La facultad legal que le permite al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercer discrecionalmente la evaluación y control preventivo del citado proyecto, se encuentra señalada en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993".
(Boletín 1062 de la Procuraduría General de la Nación)
La lectura de este Boletín 1062 como posición oficial vigente de la Procuraduría permite concluir que la información emitida en un uno de los medios de comunicación por una de las empresas más importantes que conforman la Concesión Vial Túnel Aburrá-Oriente S.A resulta FALSA (ver la emisión virtual de LA REPÚBLICA del 4 de Noviembre de 2011 http://www.larepublica.co/
2. Desde el 07 de Octubre de 2011 mediante Auto No. 001168 emitido por la Contraloría General de la República, el proyecto se encuentra bajo control excepcional en su gestión contractual, ambiental y financiera.
Es pertinente recordar una vez más que al Contralor General de Antioquia le fueron retiradas sus competencias sobre la vigilancia y el control del proyecto dada la práctica de dictámenes favorables al mismo, los cuales contradicen el Informe Técnico emitido por la Auditoría Especial respectiva, en el cual se presentan varios hallazgos desfavorables de diferente índole (12 administrativos y 11 disciplinarios) y por haber sido jefe de la campaña del Gobernador Luis Alfredo Ramos, quedando así inhabilitado para vigilar y controlar en forma imparcial e independiente la gestión contractual, ambiental y financiera de dicho proyecto.
Algunos de los hallazgos consignados en el Informe de Auditoría Especial sobre la Concesión Túnel Aburrá-Oriente elaborado por el equipo técnico de la Contraloría Departamental y la Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada, con vigencia del 2010 son:
- Violación a los deberes contractuales tanto por la Gobernación como por la Concesión, establecidos en la Ley 80 de 1993.
- Violación a la Constitución Política de Colombia y a la Ley 489 de 1998 en los principios de economía, buena fe, igualdad, moralidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, celeridad, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
3. El proyecto se encuentra en procesos judiciales por acciones jurídicas tales como las siguientes:
Denuncia Penal por Fraude Procesal presentada por organizaciones ambientalistas ante la Fiscalía General de la República.
Acción Pública de Nulidad por la ilegalidad en los compromisos financieros de las vigencias futuras aprobados el 27 de diciembre del 2010 mediante Ordenanza 30 de la Asamblea Departamental de Antioquia, violando leyes y disposiciones fundamentales establecidas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el mismo Consejo de Estado, entre otros organismos estatales.
Acción de Tutela con su debida apelación contra el Consejo de Estado por violación al debido proceso, también presentada por organizaciones ambientalistas.
Diversas solicitudes ante la Gobernación de Antioquia por parte de entidades como la Alcaldía de Medellín, el Consejo Territorial de Planeación y la misma Procuraduría Ambiental y Agraria para que dicha Gobernación se acoja a la Constitución, las leyes y las normas suspendiendo la obra, dada el vicio de ilegalidad que desde hace varios años ha constituido y sigue constituyendo el proyecto .
Acción Popular presentada por organizaciones ambientalistas y ciudadanos integrantes de la Veeduría por la amenaza y violación de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la moralidad administrativa.
Solicitud ante la Alcaldía de Medellín para la suspensión inmediata de la obra del proyecto por infracción ambiental y en virtud de la Ley 1333 de 2009.
Por todo lo anterior las gestiones que continúan realizando los gestores privados del proyecto en cuestión, para promoverlo e informar sobre el mismo, luce irrespetuosa e irresponsable, por decir lo menos, frente al interés público y ciudadano y frente al ordenamiento mismo de la leyes.
Como ciudadanos apreciamos su participación en un manejo honesto del interés público!
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