Veeduría Ciudadana Túnel de Oriente
Comunicado de la Veeduría Ciudadana sobre el Proyecto “Conexión Vial Aburrá-Oriente” en el foro
“Experiencia internacional en estudios hidrogeológicos para túneles”
realizado el
viernes 8 de febrero de 2013 en Plaza Mayor Convenciones
La Veeduría Ciudadana sobre el
Proyecto “Conexión Vial Aburrá-Oriente” manifiesta a la opinión pública que
nuestra presencia en el foro “Experiencia internacional en estudios
hidrogeológicos para túneles” convocada por la Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel
Aburra-Oriente S.A, es un ejercicio de
observación rigurosa y de control ciudadano sobre la gestión del proyecto y no
debe ser interpretada como una señal que avale lo que las empresas y entidades
interesadas en la realización del mismo estén haciendo o vayan a hacer.
Recordamos que somos una organización ciudadana que se acoge con rigor
a las leyes y las normas, con plena garantía de imparcialidad, objetividad,
competencia y neutralidad política.
Al ser los estudios de Geodata Engineering s.p.a., (italiana) coordinados por la Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A y contratados mediante adjudicación privada bajo
términos de referencia que fueron inaccesibles a la ciudadanía para la oportuna
consulta académica, observamos que la viabilidad del proyecto no está siendo
estudiada con absoluta garantía de transparencia, imparcialidad e independencia
de los intereses de los actores que promueven este megaproyecto.
La ley 80 y la Resolución 0456 de la ANLA deja en manos de la
Gobernación de Antioquia como dueño del proyecto, la obligación de contratar
mediante licitación pública estos estudios con una entidad plenamente
independiente. Lamentamos que el aspecto del proyecto más sensible al conflicto
de intereses lo haya delegado en la misma Concesión Túnel Aburra-Oriente S.A.
Observamos que las múltiples irregularidades que este proyecto ha
presentado, como las halladas por la Contraloría General de la República, aún
no han sido resueltas a cabalidad.
Igualmente observamos que las instituciones de regulación y control
ambiental llamadas a representar el interés público, continúan absolviendo el
incumplimiento de los requisitos legales, mediante procedimientos alternos a
los exigidos por las normas. CORNARE y la ANLA continúan olvidando la
obligación de exigir el Diagnóstico Ambiental de Alternativas estipulado por la
Ley 99.
Esperamos que otros actores con un conocimiento profundo y ético de
todos estos asuntos también se pronuncien oportuna y honestamente.
Les agradecemos su atención,
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