Texto para ser leído en la Audiencia Pública sobre Túnel de Oriente en CORNARE

Jorge Gómez Gallego

Santuario septiembre 29 de 2011

Por razones ajenas a mi voluntad y de verdadera fuerza mayor, pues a la hora que se  celebrará la audiencia aún me encontraré atrapado en el municipio de Caucasia por cuenta del indeseable desenlace de una pacífica protesta de ciudadanos dedicados a la minería de hecho, que desembocó en violentos disturbios por el arbitrario e imprudente trato que las autoridades le dieron a la movilización, que produjo varios heridos y la muerte de una mujer víctima de un paro cardio-respiratorio por efectos de los gases lacrimógenos.

Eso me obligó a solicitar se permita la lectura de este documento que suscribo y que recoge las reflexiones que quería hacer de cuerpo presente en este certamen.

1.       La historia

Lo que empieza  mal, termina mal, dice el adagio popular. Este proyecto nació de forma irregular, adjudicado en una licitación pública con un solo proponente y 11 días antes de terminar el mandato del ex – gobernador y ex – presidente Álvaro Uribe Vélez. Las condiciones pactadas inicialmente y las establecidas en las primeras modificaciones realizadas en el gobierno de su sucesor Alberto Builes, eran tan aberrantes y lesivas para las finanzas del Departamento, que fueron objeto de una Auditoría Integral por parte de la Contraloría Departamental de Antioquia (cuando ésta controlaba) y fueron reconocidas por el Tribunal Superior de Antioquia y el Consejo de Estado en una Acción Popular impetrada por un grupo de ciudadanos.

El rosario de perlas va desde la fijación de todos los riesgos de construcción y operación en cabeza del Departamento, la no fijación precisa de la Tasa Interna de Retorno para el Concesionario que permitía que pudiera no tener límite, la prohibición para votar en el Comité Fiduciario para el Concedente (Departamento de Antioquia), entrega de los derechos de recaudo sin tener siquiera diseños y presupuesto definitivo. Como si fuera poco, a los dos años de suscrito el contrato se acordó una modificación que contemplaba una disminución significativa de la obra junto a un incremento en el valor.

La acción popular y el informe de la Auditoría de Contraloría obligaron a la elaboración de Otro sí en la administración de Aníbal Gaviria, quien con las dos herramientas hubiera podido rescindir el leonino contrato, pero a mi juicio le tembló la mano. La modificación contractual cambió el túnel por una doble calzada en la vía Las Palmas, y le puso un tope al recaudo necesario para la obtención de la Tasa Interna de Retorno  y la consecuente reversión de la concesión, en la suma de $ 329.076’522.995. También le fijó fecha máxima el año 2023 para la reversión de la Concesión, aunque mantuvo la aberrante gabela de descontar el valor del impuesto de renta en esa TIR, lo que en los hechos la crece en un 35 %.

El aumento del tráfico diario como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que vive el oriente antioqueño, ha acercado la fecha para la obtención del recaudo pactado en el Otro – sí a una fecha que oscila entre el 2017 y el 2018. Es decir, el negocio del Concesionario, está que se acaba.

2.       La caída de la licencia ambiental para el túnel anterior y la inexistencia de una para este

La sala séptima de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de las resoluciones 1764 de 2002, expedida por la Corporación Autónoma Regional Rionegro - Nare, CORNARE;  y la 0928 de 2002, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de las cuales se otorgó la licencia ambiental al proyecto. La razón, no se elaboró el Diagnóstico ambiental de alternativas como lo exige la Ley 99 de 1993, máxime cuando proviene de la propia autoridad ambiental.  Pero además el mismo estudio de impacto ambiental no se ciñó a los términos de referencia de CORNARE, la autoridad ambiental delegada para tramitar esta licencia. 

El Consejo de Estado decretó la nulidad de lo actuado en una sentencia ampliamente cuestionada, ya que se funda en la inexistencia de la prueba de que existió un telegrama notificando a quien no había que notificar, pero no se pronunció sobre la inexistencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que sigue faltando.

Pero quizás lo más grave es que, la cuestionada y con seguridad  próxima a desaparecer Licencia Ambiental, se refiere a una obra diferente a la que hoy estamos cuestionando. Es imposible que una licencia ambiental sirva para cualquier trazado y para cualquier diseño. Cambios sustanciales de las obras, requieren licencias diferentes. Y ese es el caso que nos convoca hoy, CORNARE no puede licenciar un proyecto con la misma autorización otorgada para otro de unas especificaciones, longitud, trazado y características diferentes.

3.       El evidente daño ambiental para las comunidades de Santa Elena

Aquí solamente mencionaré el asunto, pues las organizaciones ambientalistas han sido muy precisas y prolíficas en explicaciones sobre el tema. El agua de Santa Elena, que sin duda sufrirá según los estudios de uno de los socios del consorcio, no puede ser el precio que deban pagar las comunidades a cambio de la satisfacción de los ávidos bolsillos de los privilegiados contratistas.

No es cierto que la tecnología que se va a utilizar en la perforación del túnel evite ese daño. Esta se hará con los métodos tradicionales conocidos en Colombia, es decir, a punta de explosivos. ¿O nos van a echar el cuento de que los poderosos y fracasados concesionarios van a traer una de esas asombrosas tuneladoras europeas?

4.       La ilegalidad de la ordenanza referida a las vigencias futuras

La sentencia 2009-00032-02 del Consejo de Estado, Sala contenciosa administrativa, sección primera, no deja dudas sobre la ilegalidad de las vigencias futuras extraordinarias decretadas por los entes territoriales. En ese contexto, la Asamblea del departamento de Antioquia  autorizo  al Gobernador de Antioquia, mediante la Ordenanza 30 de 2010  (27 de Diciembre), para apropiar vigencias futuras excepcionales entre el año 2011 a 2015 para la cofinanciación del proyecto Conexión vial Aburra oriente –Túnel de oriente  y desarrollo complementario.

A pesar de la advertencia previa hecha por este diputado en la Asamblea Departamental, esta no fue tenida en cuenta y se aprobaron incluso con una observación del Contralor Departamental, que acerca de esta sentencia, que ratifica una decisión del Tribunal Superior del Casanare, afirmó que los magistrados que habían proferido el fallo de primera instancia no habían leído la Constitución.

5.       El cierre financiero es falso pues la valorización requerida no se puede cobrar

Aquí solamente quiero citar una frase contenida en el estudio contratado a las volandas con la empresa CONVALOR Ltda., para buscar el cierre financiero,  denominado “Estudio de Pre factibilidad de Valorización del Proyecto Conexión Vial Aburrá – Oriente (Túnel de Oriente) y desarrollo vial complementario. La lectura de su presentación no conduce directo a uno de esos contratos celebrados con el expreso propósito de que arrojen el resultado requerido.

Pero los investigadores, tal vez por error o en un arrebato de honradez, al tiempo que certifican la capacidad de pago de los virtuales afectados y el aumento inmenso en el valor de los predios como consecuencia del proyecto, nos informa que La obra fue decretada por el Sistema de la contribución de valorización por la Ordenanza 18 de agosto de 1998 con otra Zona de Citación y para ser ejecutada por el Departamento Administrativo de Valorización, ente que ya no existe; por lo tanto se debe presentar a la Asamblea Departamental el nuevo proyecto de Ordenanza con la nueva Zona de Citación.

Sin tener sustento legal para el cobro del derrame de valorización, suscribieron una adición, el Gobernador suscribió una adición al contrato de concesión, para ejecutar una obra por una suma cercana al billón de pesos. Ese cobro es indispensable, pues aporta cerca del 15% del valor final. En lenguaje coloquial, contrataron la obra sin tener con qué.

6.       La necesidad del túnel sigue en entredicho

A estas alturas de la vida, el único argumento que sigue esgrimiendo el Gobernador y su Gerente de Concesiones, que generalmente más parece Gerente de la Concesión, se limita al ahorro de unos cuantos minutos para el arribo al aeropuerto. Desde luego es un soporte argumental bastante gelatinoso.

Pero si nos llegasen a demostrar que hoy es imperativo mejorar la conexión vial entre los valles de San Nicolás y Aburrá, aún no nos han podido comprobar que esta es la mejor alternativa. Sobre el tapete hay varias propuestas que no han sido siquiera consideradas, como por ejemplo la construcción de un túnel para transporte masivo.

Pero además comprometer recursos tan importantes en un proyecto de esta naturaleza tendría sentido si las competencias en materia de vías del Departamento estuvieran cumplidas. Pero ¿con qué cara le vamos a explicar a los cerca de tres millones de habitantes que no van a pasar jamás por ese túnel que nos estamos gastando la plata de la red secundaria de carreteras en ese embeleco?

¿Saben ustedes que de los 4500 kilómetros de red vial secundaria de carreteras a cargo del Departamento, más de la mitad son poco más que caminos de herradura?  ¿Saben ustedes que la reconstrucción de esa red vial cuesta por lo menos 3 billones de pesos? ¿Saben ustedes que el túnel lo van a pagar los ciudadanos que se movilizan entre oriente y Medellín en un 65% y que los que jamás lo usarán lo harán en un 35%? ¿Saben ustedes que los dos peajes actuales cubrirán el valor total de lo contratado hasta antes del túnel en el año 2017, pero seguirán aportando hasta el año 2037 para el túnel y que estos serán pagados por ciudadanos que tampoco pasarán por el túnel?

7.       El fondo del asunto: el negocio de unos poderosos contratistas

Sigo sosteniendo que el afán de arrancar el túnel es una decisión que solamente pretende favorecer con una ampliación de un contrato a unos muy poderosos y privilegiados contratistas.  Y recordemos también que la peor manera de hacer obra pública es la que se hace por concesiones. Los concesionarios son los parásitos de la obra pública. Los concesionarios son a la obra pública, lo que las EPS son a la salud.

La participación de intermediarios – concesionarios en obras públicas encarecen su valor entre un 35% y un 40% de manera innecesaria, pues además de los pagos normales por la obra, debe cubrirse el  valor de la Tasa Interna de Retorno para los concesionarios, que rentan sobre todo, convirtiendo el valor de su utilidad casi en el resultado de una operación geométrica.

8.       Solicitud

Aunque como se ha dicho, esta audiencia no tiene dientes, me permito solicitar a la autoridad ambiental, de manera respetuosa, que revoque la licencia. Se deben valorar, de cara a la ciudadanía, los verdaderos alcances de la obra. Se debe consultar a las comunidades afectadas y se debe, sobre todo, no permitir que se adelante una obra con tantos cuestionamientos ambientales, económicos y conveniencia. Mientras más tarde se decida, más caro nos va a costar.

Arranquemos ya.

JORGE GÓMEZ GALLEGO

Diputado Asamblea Departamental de Antioquia.