PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
SOBRE EL DEBATE
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y CONCEJALES DE
MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Recinto del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral
Tema: Cobro de Valorización por el proyecto “Túnel de Oriente”
Julio 17 de 2014
Nuestra Veeduría Ciudadana consciente de sus deberes y derechos constitucionales, como observadores del proceder de las entidades públicas comprometidas en la promoción del proyecto en cuestión, informamos sobre el siguiente pronunciamiento público ante el “debate” indicado:
“Buenas tardes.
No tendremos economía ni sociedad si no tenemos medioambiente.
La Veeduría Ciudadana como parte de la Sociedad Civil tiene un propósito constructivo en el desarrollo del concepto de Nación.
También es una organización social independiente de los intereses económicos y políticos de la Gobernación de Antioquia, la Concesión y de la autoridad ambiental regional – CORNARE.
En términos de justicia social y económica, dadas las profundas crisis ambientales y ecológicas que también están afectando en forma grave a Colombia, es necesario y obligante revisar a la luz del concepto de ECOSISTEMA, un megaproyecto como el túnel de Oriente y los riesgos críticos de impacto que genera sobre dicho ECOSISTEMA.
La Gobernación de Antioquia y la autoridad ambiental regional CORNARE, están faltando al deber constitucional estatal de informar de manera veraz, imparcial y oportuna a la ciudadanía.
Intereses económicos y políticos diversos los motivan, por encima del sagrado deber de respetar la participación de los ciudadanos en las decisiones que nos afectan:
Han tergiversado flagrantemente el sentido de nuestra participación.
Inconsistencias graves fueron halladas en los Estudios complementarios por parte de la Contraloría General de la República. ¡La Contraloría sí revisó los estudios!
Hallazgos de la Contraloría:
Desacato a Leyes y normas de superior jerarquía que protegen los derechos colectivos e individuales sobre el goce de un ambiente sano y sobre el sagrado derecho del acceso al agua.
Desacato a Leyes y normas de superior jerarquía que consagran el supremo deber del Estado de conservar las áreas especialmente protegidas como la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare: ¡La aguas superficiales y subterráneas son de la Nación!
Este deber no lo puede asumir en toda su integralidad una Concesión con evidentes y extraordinarios intereses económicos y por lo tanto con un profundo conflicto de intereses frente al derecho que todos tenemos sobre el medio ambiente.
¡Es un derecho sagrado el acceso al agua por cuanto esta sustenta la VIDA y no hay derecho alguno a ponerlo en riesgo!
No admitimos como Veedores Ciudadanos y mucho menos de parte de nuestros representantes gubernamentales, incluida la autoridad ambiental, el siguiente argumento:
Como las comunidades, como los ecosistemas que las sustentan ya están de alguna manera enfermos, entonces el impacto que el Túnel provoque sobre las aguas y sobre las áreas protegidas, no es responsabilidad del Estado.
¡Mucho se ha advertido sobre estos riesgos y por lo tanto no podrán evadir su responsabilidad!
Hoy por hoy, lo veedores ciudadanos les exigimos a nuestros gobernantes, incluida la autoridad ambiental regional, integridad ética, moral y ejecutiva, pues muchas falacias lógicas habitan sus actos y sus discursos.
La historia “oficial” que nos están contando No es la verdadera historia. Muchas tramas, perversos maquillajes y tergiversaciones, para desacatar la Ley ha habido históricamente en este proceso. En cinco minutos que tenemos los ciudadanos en este espacio, es imposible contar esa verdadera historia.
Para efectos prácticos:
No es lo mismo construir un túnel en Europa, como en forma falaz nos lo quiere dar a entender, donde los complejos hidrogeológicos son antiguos y estables, a hacerlo en complejos andinos geológicamente jóvenes, en donde existen áreas muy frágiles, altamente vulnerables, con baja capacidad de recuperación ante las afectaciones y que nos prestan valiosos servicios ecosistémicos por vitales, como es el abastecimiento de agua.
¡Estas son áreas que legal y ecológicamente NO se pueden intervenir! Otras experiencias de túneles en el país así lo han demostrado, a pesar de haber aplicado la tecnología de preinyecciones.
Queremos dejar en claro que la Contraloría General de la República le está advirtiendo incluso a la Veeduría Ciudadana misma que las medidas aceptadas y los valores de referencia adoptados por la autoridad ambiental regional no son suficientes para subsanar el desacato a la Ley y las graves inconsistencias técnicas, legales, ambientales y fiscales que presenta este megaproyecto”
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